Unidad 4. EL PAIS QUE QUEREMOS

Los procesos electorales

Los procesos electorales son la forma legal y pacífica para disputar y discutir, en el terreno político, las diferencias ideológicas y de principios de diferentes partidos políticos que contienden, durante una elección, por el poder público. Las elecciones son, ciertamente, un instrumento clave para designar gobernantes mediante la participación de la ciudadanía y la interacción entre partidos y grupos políticos.

La función de los procesos electorales es crear condiciones para que exista limpieza y legitimidad en la elección de los gobiernos. En los últimos años se ha expresado el reconocimiento mundial a los avances y transformaciones políticas en los países en los que los procesos electorales han jugado un papel relevante. Los resultados obtenidos mediante ellos contrastan con los cambios políticos logrados por medios no institucionales en los que la violencia se manifiesta, como sucede en los golpes de Estado.

Las elecciones, es decir, el acto de votar, constituyen solamente una de las condiciones necesarias para cumplir con los fines de la democracia. La existencia de instituciones, el estado de derecho, el respeto a las leyes, la libertad y autonomía de prensa, son otras de las condiciones para la vida democrática de un país.

A través de los procesos electorales es posible no sólo elegir, sino sustituir pacíficamente a un partido o a un candidato que, por cualquier motivo, cause inconformidad en sus electores y castigar, de esa misma forma, las malas decisiones en las que éste haya incurrido.

Para que los procesos electorales sean confiables y las autoridades y los gobernantes elegidos mediante ellos se consideren legítimos, los procesos deben cumplir con algunos requisitos indispensables:

  1. Deben someterse a la competencia todos los cargos en todos los niveles de poder.
  2. Las elecciones deben poder llevarse a cabo de manera enteramente libre por los ciudadanos y con pleno respeto a su voluntad.
  3. Se requieren reglas y condiciones que garanticen imparcialidad y limpieza de las elecciones.
  4. El electorado, es decir, el sector de la población con derecho a sufragar, debe ampliarse a toda la población adulta, sin distinción de sexo, raza, costumbres o posición social.

En México los procesos electorales son organizados por el Instituto Federal Electoral (IFE), organismo autónomo que entró en funcionamiento el 11 de octubre de 1990. Este instituto está dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, es decir, puede actuar por sí solo, no depende de una autoridad externa, se rige únicamente por la ley y cuenta con recursos propios para su funcionamiento. El IFE garantiza que los procesos electorales se lleven a cabo con certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

Orientación al Voto.

Una cuestión distinta a la de simplemente acudir o no a las urnas es la de la orientación que cada ciudadano dará a su sufragio, es decir, por qué candidato o partido votará y con qué razones. Normalmente, distintos ciudadanos pueden votar por el mismo partido o candidato pero a partir de motivos considerablemente diferentes. Pueden además combinarse varias razones en el mismo elector que lo inclinen a emitir su voto en cierta dirección. En general, se considera que el sufragio de los ciudadanos está orientado por un principio de racionalidad individual, es decir, el elector votará por la opción que, según su propia manera de pensar, mejorará su propia situación económica, social, educativa, familiar, etcétera.

Sin embargo, se sabe que muchas veces los ciudadanos deciden a partir de elementos no suficientemente consistentes o abiertamente superficiales. En tal caso, se encuentran razones como:

  1. Es el partido por el que votan los padres (suele haber una importante relación directa entre la filiación partidaria individual y la que tenían los padres).
  2. El candidato es más atractivo (a veces sólo físicamente). Los expertos norteamericanos sobre publicidad política señalan que, en promedio, el atractivo físico ha sido un elemento que ha ganado peso en la decisión de los electores. Incluso sospechan que, en las condiciones actuales, un gran estadista como Abraham Lincoln difícilmente hubiera sido electo como presidente de la Unión Americana.
  3. En el debate público, el candidato electo se ve más elegante, limpio, o se expresa mejor (por ejemplo, diversos especialistas señalan que Richard Nixon perdió frente a John F. Kennedy, en 1960, entre otras cosas por haber asistido al primer debate televisivo de Estados Unidos desaliñado y sin haberse rasurado debidamente).
  4. Es el partido que siempre gana (en el caso de partidos dominantes, en los que gana el mismo partido durante un amplio periodo, como en Japón, India, Suecia o México).

Hay también otros tipos de voto que conviene señalar, y que explican los motivos de los electores en ciertas condiciones:

  1. El voto de castigo, que se emite como reacción a una mala gestión por parte del partido en el poder, de modo que se busca sustituirlo por otros partidos durante un tiempo, bajo la expectativa de que éste corregirá el rumbo. La mayor parte del voto que se despliega en favor de la oposición, en casi todos los países del mundo, es un voto de castigo al partido en el poder, más que un voto ideológico.
  2. El voto de presión, cruzado en favor de un partido opositor, pero no con la intención de que éste alcance el poder, sino sólo para expresar una protesta en contra del partido gobernante, para que rectifique el rumbo de alguna política considerada como inadecuada. Desde luego, cuando se emite este tipo de sufragio, el ciudadano calcula que el partido que se utiliza como vía de protesta no alcanzará suficientes votos como para desplazar al partido gobernante; si ése fuera el cálculo, es más probable que el ciudadano se abstenga de votar por la oposición, pues su triunfo no entra en sus objetivos.
  3. El voto por la continuidad, contrario al voto de castigo, permite refrendar al partido gobernante por lo que ha sido considerada como una buena gestión, o al menos satisfactoria, frente a las opciones que presentan otros partidos.
  4. El voto por la experiencia, que se expresa en casos en los que un mismo partido ha preservado el poder a lo largo de varios años, y se teme que la oposición no pueda asumir adecuadamente la responsabilidad del gobierno, quizá por no haber estado nunca en él, o por haber quedado fuera durante mucho tiempo.
  5. El voto coercitivo, que es aquel arrancado por la fuerza o la amenaza de sufrir algún daño en caso de no emitirlo. Es evidente que este tipo de sufragio puede imponerse más fácilmente en regímenes no democráticos que, sin embargo, celebran elecciones formalmente competitivas, o en democracias poco estables todavía.
  6. El voto clientelar, es el que se intercambia por algún regalo, concesión, promesa o monto de dinero. En principio, este voto es ilegítimo desde el punto de vista democrático, pues compra voluntades que deberían expresarse libremente y a partir de criterios distintos al estrictamente comercial. Pero no en todos los países la compra del voto es ilegal, por lo que en diversas democracias suelen registrarse casos de ella. Por ejemplo, en Japón los candidatos o representantes titulares canalizan grandes sumas de dinero para favorecer de una u otra forma a los electores de su distrito correspondiente, en el que incluso forman  grandes clubes cuyos miembros reciben diversos beneficios (como viajes, instalaciones deportivas, diversas obras públicas y a veces incluso dinero en efectivo) directa o indirectamente del equipo del candidato en cuestión.
  7. El voto corporativo, que puede considerarse como una variante más institucional y menos ilegítima que el voto clientelar, en la medida en que constituye una práctica habitual en casi cualquier democracia. Se trata de conjuntar los votos de todos los miembros de un grupo para darle un valor mayor que el mero voto individual de cada uno de ellos, y así poder ofrecerlo a los candidatos a cambio de beneficios palpables para la corporación, como puede ser la promesa de una legislación favorable a ella, un contrato, o la aplicación de una política pública benéfica para la asociación respectiva.

Las motivaciones y razones para emitir un voto en una u otra dirección son muy variables, e incluso antagónicas. Pero en tanto no se trate de votos adquiridos fuera de la ley (como es el caso del voto coercitivo), no necesariamente son incompatibles con el funcionamiento y objetivos de la democracia política.

También es necesario distinguir entre el electorado comprometido ideológicamente y el electorado “flotante”. El primero es aquel que siempre y bajo cualquier circunstancia vota por el partido con el cual se identifica ideológicamente, y que por lo mismo cree que refleja mejor sus convicciones, promueve sus intereses y su propio proyecto de país o ambos.

El electorado “flotante” es aquel que no siente el menor compromiso ideológico con ningún partido y que emite su voto en cada elección a partir de lo que los distintos aspirantes ofrecen. Esta situación es la que más se parece a lo que ha sido definido como “mercado electoral”, en el que los votos se orientan a partir de la oferta y demanda políticas de candidatos y electores.

Las organizaciones no gubernamentales

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define a una organización no gubernamental (ONG) como “cualquier grupo de ciudadanos a nivel local, nacional e internacional (es decir, no forma parte de un gobierno) que opera sin fines de lucro. Esta definición tan sencilla también significa que las organizaciones comprendidas en las ONG tienen una gama de funciones extremadamente amplia.”

Las ONG en México tienen antecedentes desde las épocas de la conquista y la colonia, en las que a pesar del poderoso aparato gubernamental que existió en esos cuatro siglos de dominación española, se fueron creando instituciones diversas que funcionaron con alguna independencia de los poderes de gobierno. Por citar algunas se pueden mencionar: la fundación del actual Nacional Monte de Piedad y del Hospital de Convalecientes y Desamparados.

En la época de la revolución, las acciones e instituciones que pudieran considerarse antecedentes de las ONG son la fundación de la Escuela Libre de Derecho, de las Cajas de Ahorro Rurales y de la Confederación Nacional Católica del Trabajo.

Hasta 1994, se registraron más 1 325 organizaciones no gubernamentales en todo el territorio nacional.

Las ONG incluyen un conjunto muy amplio y diversificado tales como fundaciones de ayuda y caridad, movimientos feministas, congregaciones religiosas, asociaciones civiles, instituciones de asistencia privada, sindicatos y movimientos campesinos no oficialistas, clubes deportivos, agrupaciones sociales y culturales, movimientos cívicos, organizaciones de profesionales, entre otros.

En la composición de estas organizaciones se observa también una amplia gama de actores: profesionales, amas de casa, obreros, estudiantes, empresarios, ecologistas, deportistas, políticos, artistas, etcétera. En muchos casos se hace referencia a las ONG como si fueran lo mismo que la sociedad civil. Esto representa una apreciación equivocada, ya que la sociedad civil es más que las ONG. La sociedad civil es realmente un agregado de muy diversos conjuntos.

La proliferación de ONG en México encuentra explicación, entre otras, por la incapacidad de los partidos políticos para resolver problemas concretos de los ciudadanos, quienes buscan otras opciones para lograrlo. La experiencia de numerosas ONG ha demostrado eficacia para resolver esos problemas tratándolos directamente, que confiando su solución a los partidos políticos.

Entre sus riesgos y debilidades se advierten la represión y el hostigamiento de los gobiernos, como una forma de contrarrestar y controlar la organización popular; la obstaculización de su operación mediante la infiltración de agentes paraestatales; estrangulamiento de la recepción de fondos y ayudas provenientes del exterior; la creación de ONG por parte de narcotraficantes para encubrir actividades ilícitas; sus limitaciones económicas, la carencia de personal profesional adecuado, entre otras.

Sin embargo, las experiencias exitosas de innumerables ONG constituyen razones importantes para promover la protección y el estímulo a la operación de este tipo de organizaciones. Muchas de ellas son merecedoras de reconocimiento y de ser declaradas organismos de utilidad pública y recibir, en consecuencia, los apoyos y recursos para su desarrollo.